Regulación de las plataformas sociales como servicios de interés económico general

Regulación de las plataformas sociales como servicios de interés económico general

Contenido publicado originalmente en Periodismo Global, la otra mirada.

redes socialesAsí que Facebook guarda los registros de todas mis llamadas y sms… ¡Me doy de baja!

Esta fue mi reacción, borrar mi cuenta de Facebook, como han hecho miles de personas (#deletefacebook) en protesta por el escándalo de Cambridge Analytica: los datos de 50 millones de perfiles en manos de una compañía de estrategia electoral, decisiva para la victoria de Trump (y parece que también para el Brexit). Finalmente, no lo he hecho. Dedico muy poco tiempo a Facebook, pero tengo algunos contactos que perdería si saliera de la plataforma.

Dicho en téminos no personales: las plataformas tecnológicas se han convertido en un elemento esencial de sociabilidad, crean las distintas burbujas comunicativas de las que dependemos para nuestras relaciones sociales y profesionales… y de las que recibimos una parte esencial de la información que  construye nuestra percepción de la realidad. Y todo ello gobernado por unos algoritmos, diseñados para promover el máximo beneficio para estas empresas tecnológicas. Podemos desconectarnos, pero corremos el riesgo de quedar al margen del pálpito de nuestra sociedad (mejor sería decir, de nuestras diversas comunidades).

Como ocurriera con los ferrocarriles, la energía o las telecomunicaciones, un servicio desarrollado primariamente por compañías privadas se convierte en un elemento esencial de desarrollo social y económico. Llega entonces la intervención pública, bien en forma de regulación o, de forma más radical, como declaración de servicio público.

Estos son los elementos que convierten a estos servicios en algo más que un servicio privado:

  • Explotan una materia básica, los datos personales, que, mediante la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, se transmuta en valor social, económico y político, que modela nuestras sociedades;
  • La extracción de esa materia prima entra en conflicto con los derechos de la personalidad (a la imagen, a la vida privada, a la integridad y el control sobre nuestros datos);
  • Tienen una posición de dominio en sus mercados (83% de las búsquedas Google, 60% de la publicidad Facebook);
  • Controlan mediante algoritmos la burbujas sociales en que se fragmenta el espacio público (difusión de información, interacción), previa destrucción del ecosistema mediático.
  • Desarrollan prácticas tributarias depredatorias para el estado de bienestar;
  • Desarrollan innovación disruptiva, que destruye empleo;
  • Se apropian de la creatividad de sus millones de usuarios y solo en algunos casos (YouTube) la retribuyen.

Estos servicios se regulan mediante contratos privados de adhesión, con expresa remisión a la jurisdicción norteamericana y a menudo a las leyes del Estado de California y la única supervisión de estas empresas es la Comisión de Comercio de Estados Unidos. En lugar de las leyes nos censuran algoritmos, que deciden lo que es legítimo o no difundir. Frente a ellas no tenemos más que costosos y complejos procediemientos civiles a desarrollar… en California.

Nacieron estas plataformas de una matriz libertaria capitalista, en un momento donde las regulaciones de los servicios esenciales se van haciendo cada vez más tenues. Además, y esto es sustancial, su actuación es transnacional.

Ningún estado puede de forma individual intentar regular su actividad. Pero sí podría la Unión Europea dar un paso adelante declarándolas servicios de interés económico general, lo que posibilitaría la imposición de determinadas obligaciones de servicio público, de modo semejante a como los servicios de telecomunicaciones están sometidos a obligaciones como prestadores del servicio universal.

No se trata tanto de establecer  una norma especifica, como de tomar en cuenta las especificidades de estos servicios en los distintos campos regulatorios. Facebook no puede, por ejemplo, tener las mismas obligaciones respecto al tratamiento de los datos de sus usuarios que, por ejemplo, un dentista con respecto a los de sus pacientes.

La regulación más específica debe referirse a los contratos de adhesión, para simplificarlos, hacerlos más claros y sencillos y reequilibrar la relación empresa-usuario. También establecer que la jurisdicción competente sea la del país del usuario.

La gestión de los datos debe entregarse al usuario de forma sencilla y transparente, con la posibilidad de recuperar y eliminar todos sus datos de la red social. Puede que estas obligaciones estén ya presentes en las directivas europeas y en las legislaciones naciones, pero requieren de mayor concreción.

Regular las redes sociales no puede significar censura. Ejercer cualquier tipo de control sobre los contenidos, ya sea privado -como de hecho hacen las redes, especialmente Facebook- o público, dañaría irremediablemente las sociedades democráticas. Luchar contra la noticias falsas, una manifestación del fenómeno más amplio de las noticias falsas, no tiene una respuesta sencilla ni unívoca. El Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea (pdf informe) propone para luchar contra la desinformación:

  • Mejorar la transparencia de las fuentes de la información en línea;
  • Promover la educomunicación;
  • Desarrollar herramientas para que periodistas y públicas puedan afrontar la desinformación;
  • Salvaguardar la sostenibilidad del ecosistema mediático europeo
  • Promover la investigación.

No hay soluciones mágicas. Por ejemplo, transparencia respecto a las fuentes puede ser indicar, como ha empezado a hacer YouTube en Estados Unidos, que un canal de televisión se financia con fondos gubernamentales. No es lo mismo la BBC, que RT, pero en todos los casos un disclaimer semejante parece advertir que hay algo perverso en la financiación pública, lo que no deja de traslucir un perjuicio del algoritmo, o, mejor dicho, de sus programadores.

Las obligaciones de servicio público que la regulación puede imponer en el derecho comunitario a un servicio económico de interés general siempre serán limitadas. Por eso, para garantizar un interés público más allá de los intereses privados están los servicios públicos; en el campo de la comunicación los PSM (Public System Media), la transmutación de los viejos servicios públicos audiovisuales. A su función de reconstructores del espacio público dedicaré una próxima entrada.

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