Thomas Piketty: “Es hora de que la UE avance con más fuerza y a grandes pasos con un grupo pequeño de países”

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Publicado originalmente en Voxeurop.eu

El economista francés considera que ya ha llegado la hora de superar los bloqueos actuales de la UE parcialmente causados por la regla de la unanimidad, y esto con una cabeza de puente. Todo dependerá de la capacidad de la Unión Europea para retomar grandes y necesarias aspiraciones sociales y políticas.

Traducido por Gloriana Salazar

Voxeurop: Usted codirige la World Inequality database. Precisamente, ¿qué impacto tendrá la pandemia en la desigualdad?

Thomas Piketty: La pandemia aumentará las desigualdades y, aunque no contemos con todos los datos, ya se puede ver que las personas con bajos ingresos, las personas con empleos precarios tuvieron pérdidas de ingresos muy significativas, mientras que, al contrario, aquellos con ingresos elevados redujeron su consumo y aumentaron de este modo su capacidad de ahorro. Entonces, la desigualdad de patrimonio todavía se repartirá al alza.

La libre circulación de las inversiones y de los bienes y servicios en sí no es nada malo. No lo es si tenemos automáticamente un sistema de reglas comunes, en particular un sistema de regulación común y de imposición sobre los rendimientos del capital inmobiliario y los beneficios de las empresas. El error fue abordar los tratados de libre circulación de capitales sin tener nada previsto en lo que respecta al intercambio de información y a contar con una regla fiscal justa para quienes no pueden desplazarse y huir como si nada de sus obligaciones. Si no, se puede construir una máquina que les permita a los actores económicos que cuentan con más poder, con más movilidad escapar de los impuestos con solo presionar un botón después de enriquecerse, y desplazar los activos y las riquezas acumuladas en otra jurisdicción, tras haber utilizado, igualmente, las infraestructuras de un país, de su sistema de salud, etc.

En verdad es una máquina que genera odio por Europa, y de manera más general, por la globalización entre los grupos sociales con menos movilidad, las clases populares y la clase media baja. Como europeo y social-federalista, me entristece profundamente ver encuesta de opinión tras encuesta de opinión, referéndum tras referéndum que las clases populares son las que se muestran más escépticas.

Las consecuencias políticas son terribles. La idea de que la única responsable del Brexit es la locura de los británicos me parece ilusoria. El sistema institucional europeo fue concebido en un principio simplemente para organizar una eurozona de libre comercio de bienes y servicios. No requería ningún presupuesto ni un sistema tributario. Se creía que realmente no se necesitaría ir más allá en lo referente a la integración política, sobre todo en cuanto a la toma de decisiones bajo la regla de la mayoría.

Con respecto a lo desarrollado en sus dos últimas obras, Capital e Ideología y Vivement le socialisme [no traducido en español], ¿cómo analiza las promesas de igualdad que los partidos socialdemócratas no cumplieron?

Esto también nos lleva a la cuestión europea. Una de las limitaciones de los partidos socialdemócratas alemanes, franceses, suecos, etc., es que entre los años cincuenta y los ochenta o noventa lograron construir Estados-providencia, sistemas de acceso a la salud, a la jubilación y a la educación que se encuentran entre los mejores del mundo y son extremadamente sólidos, pero que desde los años ochenta o noventa, tropezaron con la ausencia de una visión internacional proveniente del Estado nación. En una economía globalizada, es muy difícil mantener un consenso social y fiscal para el financiamiento de esos Estados-providencia si se continúa con una competencia fiscal entre países y con cada uno por su lado. No vamos a unir a todos los Estados-providencia. Pero en cuanto al sistema financiero global y los nuevos desafíos, comenzando por la transición energética y climática, y en cuanto al financiamiento general y las reglas impuestas a los actores económicos con mayor poderío, para redefinirse en el siglo XXI, la socialdemocracia necesita sin falta este objetivo internacional.

En Francia, cuando hablo del impuesto progresivo sobre el patrimonio o sobre las sucesiones para financiar un legado para todos, permitiendo así que cada uno tenga acceso a un patrimonio, o cuando hablo de gobernanza en las empresas para que los asalariados cuenten con más derechos de voto, lo mejor sería que se hiciese a escala europea o en un buen número de países.

Sin duda alguna es posible avanzar por cuenta propia. Alemania y Suecia no esperaron al resto de Europa para desarrollar lo relativo a la congestión y a los derechos de voto para los asalariados en los consejos de administración de las empresas. Francia podría hacerlo a partir de ahora. No hay que valerse de la ausencia de un consenso a nivel europeo para quedarse sin hacer nada.

Respecto a la gobernanza más democrática de las empresas, en los setenta y hasta mediados de los ochenta, existió un proyecto de una directiva europea sobre la gobernanza de las empresas dirigido principalmente por Alemania, que en ese entonces deseaba extender al resto de Europa un mayor número de derechos de voto para los asalariados. Esto no se logró en ese entonces, sobre todo porque Francia no lo apoyaba mucho, y lo mismo se podía decir de la mayoría.

Si buscamos una oportunidad para reconciliar la opinión pública con Europa, así como el proyecto socialdemócrata con el europeo, debemos traer de vuelta las grandes ambiciones sociales, tanto sobre la fiscalidad como sobre el derecho empresarial.

¿El plan de recuperación europeo le parece suficientemente ambicioso, tanto para salir de esta recesión (la más grave por la que ha pasado la Unión Europea) como para reorientar el modelo de desarrollo europeo?

Ese plan de recuperación aún no se ha aprobado, y es poco común ver un desfase tan significativo entre el anuncio oficial y su aplicación. Ya estamos en diciembre y todavía no tenemos claro cuándo se realizarán las votaciones decisivas en el Consejo Europeo y en los parlamentos nacionales. Además, desde el principio, el alcance de este plan ha sido insuficiente. ¿Cuál es el resultado? Todos, de manera colectiva, nos estamos apoyando mucho más en el Banco Central Europeo (BCE) que en el plan de recuperación financiera.

¿Incluso a pesar de que hayamos pasado de un importe de 500 000 a 750 000 millones de euros en julio, con un endeudamiento común?

En realidad, la verdadera novedad es ese importe de 390 000 millones de euros de endeudamiento común de la UE que enriquecería directamente los presupuestos nacionales según sus necesidades y sin que cada país deba rembolsar específicamente lo que recibió. El resto está conformado por préstamos reembolsables no muy distintos de lo que propone el Mecanismo Europeo de Estabilidad aprobado en 2012, y que no les agradan mucho a los países.

Ciertamente existe una noción de bien público europeo, con un rembolso efectuado de manera colectiva. Pero esto tiene dos limitaciones: si bien al principio los 390 000 millones de euros pueden parecer un importe razonable, se debe tomar en cuenta el PIB de la UE, que actualmente es de 14 billones de euros. Así, este préstamo equivale a menos de un 3 % del PIB europeo que será utilizado en un periodo de cuatro o cinco años, lo que representa aproximadamente un 0,5 % del PIB de gastos públicos adicionales. Claramente, teniendo en cuenta el presupuesto inicial de la UE (1 % del PIB), pasar de un 1% a un 1,5 % no es poco. Pero comparado con los presupuestos nacionales, estas cifras no son significativas.

Si comparamos este plan con la historia presupuestaria federal estadounidense, el presupuesto federal de Estados Unidos, que era apenas de un 2 % del PIB hasta los años veinte, pasó a ser de casi 10 % del PIB durante la crisis de los años treinta, y luego alcanzó un 20% durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces se mantuvo entre el 15 y el 20 % y pasó a ser el doble del de los Estados federados. No quiero decir que debamos copiar este modelo. A lo que me refiero es a que, desde este punto de vista, esa posible transición por la que aún no se ha votado no constituye un salto federal y yace en bajos presupuestos en comparación con los presupuestos nacionales. Este es el primer punto.

El segundo punto es el siguiente: todavía no hemos establecido un mecanismo democrático institucional que verdaderamente permita aprobarlo y, sobre todo, modificar su alcance en función de las necesidades. Porque, si se llegase a aprobar este plan de recuperación con una unanimidad conseguida con gran dificultad, lo que realmente me preocupa es que después de tres o seis meses nos demos cuenta de que el importe es completamente insuficiente. ¿Cómo lograríamos entonces obtener nuevamente la unanimidad para un nuevo plan?

Cabe recordar que nos encontramos ante un sistema institucional completamente desequilibrado, con el poder presupuestario y fiscal de un lado, y el poder monetario del otro. El poder presupuestario y fiscal está sujeto a la regla de la unanimidad, lo que da un derecho de veto a cada país, incluyendo aquellos cuya población es claramente minoritaria en comparación con el resto. Con respecto al poder monetario, este está sujeto a la regla de la mayoría, y puede haber gobernadores de bancos centrales que no estén de acuerdo, pero la mayoría es lo que cuenta. Entonces, como resultado, le pedimos todo a la política monetaria, que es la única que permite que fluyan las cosas.

En 2020, debemos darnos cuenta de que el BCE se ha puesto a comprar deudas públicas emitidas por los Estados a una escala todavía mayor que durante la crisis de 2008. Podríamos pensar “¡Mejor!”, ya que por lo menos es la única institución federal europea que puede tomar decisiones con rapidez y permitir que los Estados amortigüen el golpe al garantizarles que alguien podrá encargarse de su deuda con bajos intereses. Pero esto ilustra un desequilibrio institucional y político que resulta problemático. A estas alturas no podemos depender de ningún banco central.

¿Considera que esto explica el que no se haya determinado de inmediato un importe mayor para el préstamo?

Sí. Si hubiese una asamblea de parlamentos nacionales en la que se tomasen decisiones de acuerdo con la mayoría, en proporción con la población, estoy convencido de que se aprobaría (y que en el futuro se podría aprobar) un plan de recuperación más significativo. Si tomamos en cuenta los países principales y el estado de la opinión pública en Italia, España, Francia y Alemania — cuatro países que representan el 75 % de la población y del PIB de la eurozona — no cabe duda de que, en la opinión pública, la mayoría busca un plan de recuperación más ambicioso. Y en general, se aspira a una mayor justicia fiscal, económica y social, lo que requeriría principalmente una instauración de un sistema más justo frente a los actores con mayor poderío, las grandes empresas, y los hogares con más ingresos y un patrimonio elevado.

En el sistema actual de concurrencia fiscal exacerbada, estos actores con gran poderío suelen verse sometidos a tipos de gravamen inferiores a los de las pymes o los de la clase media, que no tienen la posibilidad de escabullirse y escapar a los impuestos.

Entonces habría una mayoría en la opinión europea respecto a la elección de tales medidas: un plan de recuperación de mayor alcance y una mayor justicia económica y fiscal. Lo único que nos impide avanzar es ese sistema de bloqueo propio de la regla de unanimidad. Considero que, en este momento, antes que intentar avanzar los 27 juntos sin excepción (como notará, ya no hablamos de los 28), antes que continuar con esta ficción de exigir firmemente que todos avancemos juntos con las instituciones existentes, será mejor avanzar con un grupo más pequeño, siempre y cuando los principales países de la eurozona formen parte de este, sobre todo los cuatro que mencioné.

Si estos cuatro países propusiesen a aquellos que lo deseasen un nuevo mecanismo democrático para crear una capacidad de endeudamiento y un plan de recuperación respecto al cual se tomen decisiones según la mayoría, me parece que una gran parte de los países estaría de acuerdo. Quienes no se uniesen de inmediato, quizá terminarían haciéndolo después. Pero no podemos esperar por un tiempo indefinido. Es momento de avanzar con un grupo de países más pequeño, a grandes pasos y con más fuerza.

¿Habría que denunciar los tratados europeos?

Sí, pero mientras los denunciamos, es imprescindible proponer nuevos tratados, aun si esto no involucra a todos los países. El problema actual es que el debate sobre la desigualdad en Europa está sin resolver. Existen dos posturas: una es que, aun si es una lástima, las reglas y los tratados existentes no pueden modificarse, y la otra consiste en decir que se debe mandar todo a paseo sin proponer cómo remplazarlo. Claramente, ninguna de las dos es satisfactoria.

Yo intento desarrollar una postura intermedia. Por un lado, a veces hay que manifestar su oposición a las reglas existentes: ¡no podemos esperar a conseguir la unanimidad para cambiar la regla de unanimidad! Pero, por otro lado, es muy importante esforzarnos por realizar propuestas constructivas para reglas y tratados nuevos, ya que no podremos resolver los problemas que estamos afrontando en cuanto a la desigualdad, el calentamiento global y la pandemia si lo hacemos solos, volviendo a los Estados nación.

Soy muy federalista, pero opino que es necesario esforzarse para pensar en nuevas condiciones para organizar un tipo de social-federalismo europeo, en otras palabras, un federalismo que favorezca los objetivos sociales, y para llegar a convencer a un cierto número de países a que se unan a esta perspectiva. No podremos convencer a los 27 de una sola vez, porque algunos, como Países Bajos e Irlanda, se acostumbraron a un proceder de paraíso fiscal, y sus gobiernos vendieron sin límite esta estrategia de desarrollo a la opinión pública desde hace años. Será muy doloroso cambiar de opinión.