LA EMFA, UNA LEGISLACIÓN NECESARIA

Categoría: EMFA

Publicado: Sábado, 01 Julio 2023 09:27

Escrito por Jose María Patiño, Socio de Europa en Suma

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 Crónica del seminario internacional organizado por Europa en suma

La jornada de debate organizada por Europa en Suma sobre la European Media Freedom Act (EFMA) en la sede de las instituciones comunitarias en Madrid ha puesto en evidencia la unanimidad de los diferentes agentes vinculados a la información y comunicación en España sobre la necesidad de una legislación europea que sirva para proteger a los ciudadanos europeos en su derecho a estar informados de manera veraz, garantizar a los periodistas que hagan libremente su trabajo y que haya transparencia en los medios, ya sean los tradicionales de presa, radio y televisión como los digitales o vinculados a las diferentes plataformas en Internet, como puso de manifiesto en su intervención inicial Lucas González Ojeda, director en funciones de la Representación de la Comisión Europea en España.

En este sentido, el presidente de Europa en Suma, Juan Cuesta, agradeció a la Comisión Europea la iniciativa de esta Ley europea de libertad de los medios de comunicación porque “supone un paraguas para los profesionales y un buen marco para mejorar las legislaciones nacionales”. Giussepe Abamonte , director de Política de Medios de Comunicación en la Comisión Europea, abundó en que este marco “debe facilitar el intercambio y penetración de los medios en el conjunto de la Unión Europea”, creando una especie de “mercado interior” que proteja a los ciudadanos en tanto que “consumidores de contenidos de información” y consiga una “mayor transparencia en la propiedad de los medios” que garantice “su independencia editorial”.

La Asociación de Medios de prensa fue la única organización que declinó estar representada en el debate organizado por Europa en Suma aunque manifestó en un carta abierta su oposición a la ley de libertad de medios por los peligros que encierra para los intereses de las empresas periodísticas. Como señaló el periodista y profesor Rafael Díaz Arias en su breve intervención: “no es cierto, como han sostenido siempre los propietarios de los medios, que la mejor regulación del periodismo es la que no existe”.

Unanimidad en la defensa del secreto profesional

Los representantes sindicales presentes en la jornada coincidieron en su rechazo del artículo 4 de la EMFA, modificado por los estados miembros a instancias de Francia, en el que se permite el espionaje a los periodistas por cuestiones de estado. Para el representante de la Federación Europea de Periodistas (EFJ, en sus siglas en inglés), Ricardo Gutiérrez, es paradójico que la actual redacción del proyecto de reglamento “ofrece menos garantías al secreto profesional en los estados de la Unión Europea que la estipulada en el Consejo de Europa”. En este sentido, recordó las numerosas sentencias contra los estados miembros –desde Alemania al Reino Unido- por llevar a cabo prácticas ilícitas de espionaje contra periodistas y recordó que “la protección de las fuentes es la piedra angular del periodismo”. En el mismo sentido se manifestó Mariano Rivero de UGT, quien pidió el desarrollo del artículo 20 de la Constitución y además, advirtió de los ataques que sufren los medios de comunicación públicos en Grecia, las reformas en la RAI italiana del actual gobierno de Meloni, las turbulencias por las que atraviesa la BBC o “el ataque del PP en España a la imparcialidad de RTVE” como justificación en la ausencia de su Presidente, Núñez Feijóo en los debates electorales. Agustín Yanel, de la Federación de Sindicatos de Periodistas, quiso señalar la ausencia en el reglamento europeo de “los medios de comunicación sin ánimo de lucro” y Marta Barcenilla, de CC.OO. Insistió en “la necesidad de tener periodistas bien pagados” para evitar la indefensión que supone la precariedad y denunció las agresiones que sufren los periodistas en la cobertura de informaciones relacionadas no sólo con la política, sino también con las protestas de sectores, aparentemente inocuos, como el agrícola como consecuencia del descrédito de la profesión en la sociedad. 

Precariedad y descrédito

Sobre estos dos aspectos: precariedad y descrédito, Luis Palacio, exdirector del Informe de Profesión Periodística, señaló que la situación económica de los periodistas y de los propios medios genera una indefensión que lamina la independencia periodística. “La mayoría de los periodistas se auto suspende en los estudios elaborados con un 4,7 en independencia”. Una impresión que se amplifica respecto a la percepción de la profesión en la sociedad. “Las tres cuartas partes de los preiodistas encuestados reconocen presiones significativas para modificar sus artículos por parte de los responsables de los propios medios que las justifican por intereses políticos/económicos”. “Las empresas son débiles porque las fuentes de financiación son débiles”, argumentó Palacio. 

Sobre el descrédito social abundó Edith Rodríguez, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras, al señalar que “el 67% de los encuestados por su organización creen que los periodistas mienten. Más que los estados (un 66%) y los poderes económicos (63%). Rodríguez denunció el deterioro de la libertad de prensa en todo el mundo y en especial en la Unión Europea –España ocupa el número 36 en el ranking mundial-, que atribuyó a “las acciones judiciales y el acoso, la seguridad del estado y la revelación de secretos, la polarización política y el nihilismo informativo”. 

Acoso institucional y judicial

Los periodistas Ignacio Cembrero del Confidencial y Jesús Maraña, director de InfoLibre, dieron testimonio de esas presiones que sufren en el ejercicio de su profesión. El primero por el “acoso judicial” al que le somete Marruecos desde hace una década con diferentes demandas ante los tribunales españoles. La última por “acción de jactancia” -una figura arcaica- que en la actualidad se encuentra en la Audiencia provincial pero “que terminará en el Supremo como ha sucedido con otros casos en Francia, donde las demandas (por el espionaje a periodistas y dirigentes políticos a través del programa Pegasus) van más adelantadas”. “Lo más doloroso, para Cembrero, es la sanción interna” que está sufriendo en España como consecuencia de las acciones de Marruecos y que le han supuesto la exclusión del Instituto Elcano o la Casa Árabe en España por presiones del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Maraña denunció el acoso judicial que como en el caso de InfoLibre sufren los medios cuando desvelan malas prácticas y corruptelas políticas. Las “denuncias judiciales buscan ensuciar el principal activo de un periodista: su credibilidad”, además de causar un perjuicio económico a los medios pequeños que deben afrontar las costas de un proceso. De ahí que Maraña pida “una compensación para los medios en las sentencias absolutorias” para que este tipo de estrategia no salga gratis. El director de InfoLibre exigió mayor transparencia en los criterios de adjudicación de la publicidad institucional “que es especialmente opaca en los casos de Castilla y León y Madrid”, donde, puso como ejemplo, “el Canal de Isabel II ha sido una caja para financiar a los medios afines”.

Garantizar la transparencia y la trazabilidad de los contenidos

Los representantes de las empresas, corporaciones y plataformas de la UE coincidieron en la pretinencia de la normativa europea aunque insistieron en que se garantice la transparencia de los diferentes actores en un sector muy fragmentado y diverso y en constante evolución tecnológica.  Juan Zafra, director general de CLABE –Club Abierto de Editores-, pidió que la normativa europea “establezca un equilibrio a través del artículo 17 porque nos va ayudar a definir qué es un medio” . Miquel Ferrer, de la Asociación Española de Economía Digital, estimó que se trata de “un tema capital porque cuando se categoricen esos medios se debe ser muy exhaustivo para evitar el riesgo de que entren agentes `tóxicos´ que contaminen el flujo comunicativo en aspectos como el de la protección a la infancia”. Para Erard Gilles, representante de la Asociación de Televisión y VOD Comercial Europea, también pidió transparencia en la regulación y que se establezcan unos principios que eviten normativas nacionales discriminatorias que intervengan en los contenidos de las televisiones. Defendió la concentración de las empresas audiovisuales europeas para competir con las plataformas internacionales y defendió la independencia editorial aunque teniendo en cuenta los intereses comerciales y las condiciones a las que les obligan las licencias de explotación dictadas por los estados. En este sentido pidió que “la legislación europea no afecte a las nacionales que ya funcionan bien”. 

Angel, García Castillejo, director de políticas audiovisuales, servicio público e internacional de RTVE, coincidió con Juan Zafra en conseguir “la trazabilidad de la información” porque “el sistema democrático depende de la mediación que realizan los periodistas. Por tanto, se debe saber quién está informando para que la opinión individual que supone el voto de cada ciudadano no se desvirtúe y con ello el sistema democrático en su conjunto”. Castillejo también pidió que la normativa europea no contribuya a la expulsión de los medios públicos de comunicación mediante el refuerzo de su preeminencia en el sector audiovisual. 

“Aún queda mucha negociación”

El negociador español en el COREPER, Juan Francisco Hernández Alfaro, estimó posible, aunque difícil, que la EFMA se apruebe antes de que termine el año durante la presidencia semestral de España porque “la negociación no ha terminado” a la espera de que el Parlamento Europeo establezca su posición y más tarde, en octubre, se establezca el trílogo con la Comisión Europea y el Consejo. Este último, a juicio de Hernández, debe encontrar “el equilibrio entre los derechos de los profesionales y el derecho de los ciudadanos” y ofrecer “cohesión y solvencia jurídica” a una normativa que va a ser exigida ante los tribunales por los diferentes actores afectados.

La eurodiputada del grupo de los Verdes, Diana Riba, añadió que “es un asunto muy fragmentado y extenso lo cual complica la negociación” del reglamento, que espera esté aprobado “antes de que termine la legislatura” en la Eurocámara en 2024. Riba señaló que no se trata de “una regulación que responda a Hungría y Polonia, sino a la situación que se está viviendo en otros estados por el ascenso de la extrema derecha” y citó los casos de Italia y España. Más positivo se mostró Stalios Kauloglou, del grupo La Izquierda, para quien el debate va bastante bien en el Parlamento Europeo. El objetivo de su grupo es “fomentar la participación del sector público y garantizar que los editores generalistas puedan trabajar con libertad”. El eurodiputado socialista Domènec Ruiz Devesa fijó tres líneas de actuación de su grupo en la EFMA: transparencia, independencia y pluralismo. “La información en la democracia, señaló a modo de conclusión, es como el combustible de un vehículo. Si ese combustible no está filtrado, no funciona bien”.

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