Una respuesta europea y federal a la crisis

Andreu Missé destaca la importancia excepcional de los fondos europeos de ayuda frente a la crisis

Parece claro que todo lo que se diga sobre la trascendencia del Fondo Europeo de Recuperación de la UE y su significado en relación con la historia de la construcción europea, estará más que justificado y probablemente se quedará corto. Lo aprobado por los líderes de la Unión en julio del pasado año marca rotundamente, y más allá de las frases hechas, un antes y un después.

Para Andreu Missé, una de las figuras más destacadas del periodismo económico en España y una autoridad en lo que respecta a la Unión Europea, la puesta en marcha de ese fondo es un verdadero salto cualitativo en la integración de Europa. Es más: el hecho de que sea la Unión en su conjunto la que se endeuda con este nuevo fondo, y no los estados separadamente y cada uno por su lado, es algo tan nuevo e insólito que hay que saludarlo como “puro federalismo”, como dijo el propio Missé en el arranque de la Tertulia de Europa en suma dedicada a este asunto.

Un gran paso en la buena dirección, pues. Pero, admitido eso, la preocupación ahora para un país como el nuestro (España e Italia serán, en principio, los grandes beneficiarios en el reparto de esos fondos, muy por delante del resto de los estados de la Unión) es que se hagan las cosas bien. Que los planes y proyectos de inversión que hay que presentar a Bruselas para tener acceso a las ayudas, sean convincentes y bien enfocados y fundamentados; y que esa inyección de dinero sirva con eficacia a la causa para la que fueron diseñados los fondos: superar los efectos brutales de la crisis derivada del coronavirus y preparar al país receptor para los desafíos cruciales de un mundo en transformación radical.

Estimular a los estados de la Unión Europea a adaptarse felizmente a esos cambios es uno de los objetivos centrales de la llamada iniciativa Next Generation, un total de 750.000 millones de euros, entre préstamos y subvenciones.En términos ideales se trata de poner las bases para un crecimiento más sostenido (a la par que sostenible) y más resiliente, es decir, capaz de amoldarse a las perturbaciones y a las incertidumbres derivadas de esos cambios inevitables, y, por supuesto, de crear empleo permanente y de calidad. En ese sentido, el desafío para España será especialmente decisivo y trascendental.

La cuestión, pues, no es solo prestar ayuda financiera para superar la catástrofe económica, y laboral-empresarial provocada por la COVID (sobre todo en ciertos sectores de la actividad, particularmente vulnerables en tiempos de pandemia), sino de intentar poner en marcha una modernización real del modelo productivo. La filosofía de los fondos apunta a unas economías nacionales flexibles y resistentes ante las circunstancias adversas o las crisis cíclicas, y capaces de adaptarse a los nuevos entornos tecnológicos crecientemente competitivos.

En esa línea, las ayudas europeas están condicionadas a unos destinos específicos, a los que deben dedicarse irremisiblemente los fondos concedidos. Así, un 37 por ciento del volumen total de los fondos movilizados por la Unión se dedicará a proyectos relacionados con la transición ecológica, para cumplir con las metas del llamado Green Deal, el gran compromiso verde en el que Europa ha empeñado su peso y su prestigio. Y al menos otro 20 por ciento debe ir destinado a proyectos que tengan que ver con la transformación digital del país.

También podrán emplearse los fondos en sectores relacionados con las infraestructuras y el transporte (el ferrocarril, especialmente), la construcción (en lo relativo a rehabilitación de edificios y viviendas), el turismo, la sanidad o la agricultura, entre otros varios. Pero hay, además, por parte de la Unión Europea, una serie recomendaciones, país por país, sobre los proyectos a los que deben dirigirse los fondos de ayuda. Y en el caso de España se exigen abiertamente reformas claras para asegurar la viabilidad del sistema de pensiones, o para reducir las desigualdades, o para perfeccionar la educación y potenciar la Formación Profesional. Y también, significativamente, para mejorar los servicios de empleo. Todo ello, con el fin de intentar reducir las cifras del paro, y sobre todo las escandalosas cifras del paro entre la población joven y menos joven.

El volumen de fondos que le correspondería a España asciende a 140.000 millones de euros, de los cuales 72.700 millones se plantean como transferencias o subvenciones a fondo perdido y el resto, 67.300 millones, serían préstamos a devolver. Mucho dinero. Pero hay que presentar adecuada y eficazmente los planes de gasto y los proyectos de inversión, que tienen que pasar el análisis riguroso de la Comisión Europea y ser aprobados por mayoría cualificada en el seno del Consejo antes de poder disponer de ese dinero.

Y como se comentó en la tertulia de Europa en suma, hay que hacer el mayor esfuerzo en ese terreno, porque -según recordó Andreu Missé en un momento de la charla-, España parece estar “desentrenada en cuanto a capacidad inversora”.Se ha dicho, con más o menos razón, que en el pasado nuestro país ha aprovechado poco los fondos comunitarios de que podía disponer. Esta vez tiene que ser diferente. Y habrá que poner en juego toda la capacidad posible de acuerdo y cooperación entre el sector público y el privado para sacar el mayor partido a esta oportunidad inigualable.

Andreu Missé insistió, casi con dramatismo, en lo imperioso que es hacer las cosas bien a la hora de presentar los planes a Bruselas, y lo urgente que es ponerse a la tarea ya, cuanto antes mejor (“Los planes tienen que presentarse en abril, pero…¿por qué no hacerlo antes: a finales de marzo?”), teniendo en consideración y anteponiendo claramente las necesidades y los intereses de España como país, más allá de las demandas parciales y particulares de una comunidad u otra, y antes, desde luego, que los intereses o las disputas entre grupos y partidos políticos.

En definitiva, una oportunidad única para salir fortalecidos de la crisis…si se aprovecha bien.

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