Publicado originalmente en Euroxpress.

Un mal endémico recorre Europa en forma de sobornos, abuso de poder y acuerdos secretos que se traduce en unos servicios públicos de escasa calidad y un impuesto añadido a la inversión privada que se marcha para evitar pagarlos. De la lacra de la corrupción política no se libra ningún país de la Unión Europea, aunque algunos tienen leyes que la hacen más difícil y punitiva que otros Estados donde no existe legislación específica para controlar cuánto, cómo, en dónde y de qué manera gastan sus gestores públicos el dinero que proviene del bolsillo de los contribuyentes.

La clasificación de Transparencia Internacional, sobre el grado de corrupción de los Veintisiete, lo deja meridianamente claro: corrupción y decadencia económica van estrechamente ligados. De ahí que Grecia sea el país europeo más castigado por la crisis y se sitúe en el último lugar del ranquin. Sobre una puntuación de 0 a 100, donde 0 es muy corrupto y 100 muy transparente, el territorio helénico recibe una puntuación de 36, por debajo de Perú, Marruecos o Colombia.

Cerca de Grecia se sitúan Irlanda, España, Portugal e Italia, los países vapuleados por los recortes, deuda y déficit. Los europeos sienten que la corrupción está poniendo en peligro sus sistemas democráticos. Así lo refleja el Eurobarómetro de 2012, donde 80 de cada 100 ciudadanos de la UE afirma que existe corrupción en las instituciones locales, regionales y estatales y ocho de cada 100 europeos revela que tuvo que pagar sobornos. Ante estos datos alarmantes, la Comisión Europea recuerda que la corrupción tiene un impacto en la Unión de 120.000 millones de euros por año.