De los 486 encausados por el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 solo siete son juzgados en rebeldía, por hallarse en paredero desconocido, o bien porque Estados Unidos aún no ha movido un dedo para extraditar al que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, considera el cerebro de la operación: el clérigo Fethullah Gülen, antiguo amigo y aliado de Erdogan y hoy enemigo público número uno del régimen de Ankara.

Las imágenes de los reos, esposados y portando su propio acta de acusación, entrando en la gigantesca nave de la prisión de Sincan, habilitada para este macrojuicio, pretendían transmitir un mensaje de justicia implacable y expeditiva. No en vano, los acusados podrían ser condenados a cadena perpetua, a día de hoy la pena máxima vigente en Turquía, en espera de que la aplastante mayoría con la que Erdogan cuenta en el Parlamento le presente a la firma la ley que restablezca la pena de muerte.

 COMUNICADO DE PRENSA

¿Primavera europea? El último Eurobarómetro estándar muestra un creciente optimismo

Bruselas, 2 de agosto de 2017

Un año después del referéndum en el Reino Unido, una creciente mayoría de los ciudadanos de la UE son optimistas sobre el futuro de la Unión Europea.

Asimismo, el número de europeos que se muestra optimista sobre el estado de su economía nacional se acerca a la mayoría. La confianza en la Unión Europea va en aumento; está en su nivel más alto desde 2010, y hay que remontarse hasta 2004 para encontrar un apoyo al euro tan fuerte. Además, en once países no pertenecientes a la UE que han formado parte de la encuesta por primera vez, la mayoría de los encuestados tienen una opinión positiva de la Unión. Estas son algunas de las principales conclusiones del último Eurobarómetro estándar, publicado hoy con la encuesta Flash del Eurobarómetro en la que se recaban puntos de vista sobre el futuro de Europa desde fuera de la UE [Future of Europe – Views from outside the EU].

Expresar nuestra solidaridad con los periodistas de Al Jazeera y contra las amenazas a esa televisión planetaria, sin respaldar la política interior o exterior de ningún país específico. Tampoco de Qatar (o Catar, como prefieran). Ese era el reto. En lenguaje menos diplomático, para mis colegas de la Federación Internacional de Periodistas (FIP, IFJ en inglés), eso equivalía a decir:

“En defensa de Al Jazzera, sí, pero vamos a Qatar (Catar) para defender la libertad de expresión, los derechos humanos en general y los derechos laborales y de sindicación en particular”. También dentro de Qatar.

Así se hizo, tras la invitación que nos hizo el Comité de Derechos Humanos catarí (NHRCQ, según sus siglas en inglés). La FIP organizó un encuentro junto al NHRCQ y al Instituto Internacional de Prensa (IPI), al que asistimos unos 400 periodistas, investigadores, profesores y activistas de los derechos humanos de todo el mundo, durante dos días, 24 y 25 de julio de 2017. Estuvieron presentes dirigentes y portavoces de la UNESCO, la OSCE y la Unión Europea de Radiodifusión (UER/EBU), entre otros muchos.

Y durante el encuentro, pareció que todos los oradores no cataríes tenían especial interés en dejar claro que habían viajado a Doha a algo más que a cumplir el expediente. Personalmente, yo también tuve dudas antes de viajar. Temía llegar allí y encontrarme con que la actividad fuera restringida o que predominara la lengua de trapo en los debates. Al menos esta vez, no fue así. ¿Por qué hay que defender a Al Jazeera contra las amenazas de Arabia Saudí y sus aliados, que por motivos de disputas geopolíticas exigen su cierre? El periodista jordano-palestino Daoud Kuta lo expresó en Doha con sencillez: “Me acaban de entrevistar en el pasillo en directo. Hasta que existió Al Jazeera, en ningún país árabe existían las entrevistas en directo”.

Defender al periodismo como tal

“A los ataques antiguos contra los medios y los periodistas, al ciberacoso, las noticias falsas y los discursos del odio, que siguen campando por ahí, que siguen existiendo, se añaden ahora nuevas amenazas”, dijo desde la mesa del encuentro Zuliana Láinez (de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y miembro del Comité Ejecutivo de la FIP): “Es importante recordar –añadió- que el derecho internacional humanitario está a favor de la protección de los periodistas; pero no protege el periodismo como tal. Protege a la persona, sin terminar de adentrarse en la defensa del valor específico del periodismo para la sociedad”.

Quizá hay que recordar aquí (mínimamente) el contexto geopolítico en la península Arábiga. A mediados de junio, Arabia Saudí impuso un bloqueo diplomático de Qatar, junto a sus aliados, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto. Lanzaron un ultimátum contra Qatar, en el que –entre asuntos diversos- exigían el cierre de Al Jazeera, junto al ritual “dejar de colaborar con el terrorismo” que todos y cada uno de los estados de aquella u otra parte del mundo interpretan a su modo,  siempre en función de sus intereses estrictos.

Arabia Saudí considera a Qatar como simple aliado de Irán, tanto en su disputa del predominio estratégico en aquella región como en el debate “islámico” mundial. El ultimátum dio a Qatar (primero) 48 horas y luego diez días para cumplir con los requerimientos de los saudíes y sus peones. Según eso, Al Jazeera debería haber cerrado antes de mediados de este mes… A finales de junio, un portavoz de Qatar consideró “imposible” cumplir las condiciones del ultimátum.

Dejaré de lado las demás acusaciones y demandas saudíes y me centraré en el asunto Al Jazeera. Desde 1996, esa cadena obsesiona a numerosos dirigentes de países árabes, que la consideran elemento impulsor de inestabilidad social y casi origen absoluto de las llamadas primaveras árabes. Ángeles Espinosa (El País, 28 de junio), ha escrito que “las exigencias a Doha para calmar la tensión regional dicen más de los miedos de sus vecinos que de la política catarí”. Por supuesto, Qatar no es un paraíso para los trabajadores externos que alimentan la economía del país y que representan la inmensa mayoría de los habitantes del emirato “disidente”. Pero es cierto que Al Jazeera ha jugado un papel de revulsivo social y de apertura en el mundo árabe. Es una de sus referencias planetarias.  “No está llevada por manos inocentes y tiene sus criterios editoriales que se pueden o no compartir. Pero es una ventana de aire fresco”, decía Lluís Foix (en La Vanguardia, 5 de julio).

Un espejo en el que mirar derechos ausentes

En Doha, Younes M’Jahed, vicepresidente marroquí de la FIP, hizo un discurso duro en defensa de condiciones dignas de trabajo, con citas específicas a Qatar. Recordó que la FIP, en consonancia con la normativa laboral internacional, rechaza toda legislación que obstruya la libre expresión y el derecho a la negociación colectiva. En Qatar, como en los países vecinos, esos derechos son necesarios –dijo M’Jahed– porque “en el mundo árabe, son necesarios para hacer frente al extremismo; también para la libertad de los periodistas y de los medios”. Y añadió: “En todas partes los periodistas tienen que ser libres, tienen que trabajar con independencia y tienen que tener la posibilidad de sindicarse”. No fue el único que subió a la tribuna para defender el derecho a crear sindicatos como un derecho democrático esencial. Ese derecho no existe ni en Qatar, ni en los países vecinos. Seamus Dooley, irlandés, secretario General provisional del NUJ (Reino Unido e Irlanda), lo aclaró en la sala y en declaraciones a un medio especializado en Oriente Medio y que asistía al encuentro: “No somos peones de ningún juego político“.

“Las dictaduras de esta región deberían empezar por contemplarse a sí mismas”, dijo Kenneth Roth, de Human Rights Watch, quien también señaló que esos regímenes dictatoriales deben sacar una conclusión: “La represión no los mantendrá (indefinidamente) en el poder. Qatar debería aprovechar la crisis para emprender reformas y alzarse como líder moral de la región”.

Entre los españoles asistentes, Yolanda Quintana, de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI), hizo un repaso valioso y meticuloso de las amenazas contra la libertad de expresión, referidas al caso español y más allá.

Dominique Pradalié (Syndicat national de journalistes) recordó los ataques a periodistas y medios en Francia desde que tuvo lugar la matanza en la redacción de Charlie Hebdo. Pero no se quedó ahí: “Persiste la declaración de estado de excepción y se impulsan leyes restrictivas para las libertades que ponen en duda las conquistas republicanas herederas de la revolución de 1789”. En ese debate, en una pequeña intervención por mi parte abundé en la denuncia de las leyes mordaza españolas a las que Yolanda Quintana diseccionó más ampliamente en otra sesión. También me referí a distintos retrocesos de las libertades en la Unión Europea, especialmente en Hungría y Polonia.

El mismo día, en Turquía, 17 periodistas del diario Cumrriyet se enfrentaban a una petición de decenas de años de cárcel. Los autócratas siempre dicen que lo hacen “para combatir el terrorismo”. Sin embargo, la censura, las amenazas y ataques contra los periodistas y los medios no disuaden el extremismo: al contrario, lo favorecen. “Ni cierre de Al Jazeera, ni periodistas en la cárcel”, respondió Jim Boumelha, en nombre de la FIP.

Me llamó la atención que varios intervinientes hablaran de distintos procesos de demonización de los medios en distintas partes del mundo, tanto como de las falsas verdades en aumento. Al hacerlo, la profesora norteamericana Barbie Zelizer (quien intervino por teleconferencia) dijo: “Es importante recordar que Al Jazeera no es el único gran medio amenazado de muerte. La  intimidación política existe de manera variada en un entorno global en el que se multiplican esas amenazas, en intensidad y en número. Y  los mismos que piden el cierre de Al Jazeera bloquean sitios en la Red”.

Tras preguntarse dónde está la diferencia entre “intimidación” y “demonización”, James Tager, del PEN americano, precisó: “La crítica a los medios surge cuando los críticos dudan de la imparcialidad o piensan que ésta está en entredicho. La demonización implica un rechazo permanente a un medio por sus características. Empieza por afirmar que el medio concernido no puede merecer ninguna confianza. Es el modo en el que el Presidente Donald Trump estigmatiza a los grandes medios porque pertenecen a destacados liberales (de izquierdas, en la concepción estadounidense) para que no se confíe en ellos. Es lo que han hecho los aliados de Arabia Saudí para desacreditar a Al Jazeera por su relación con Qatar”. Beth Costa (exsecretaria general de la FIP) explicó el otro lado de la demonización de una parte del debate democrático en su país: es decir, cuando son la mayoría de los medios tradicionales los que se implican en un proceso de distorsión del debate social, como parece suceder ahora en Brasil.

Tim Dawson, presidente del National Union of Journalists (NUJ) del Reino Unido e Irlanda también expuso sus dudas previas: “La decisión de participar no fue fácil. Los aspectos desagradables del régimen de Qatar son conocidos; por parte de los sindicalistas en especial”. Dawson recordó que viajar a un país en el que la afiliación está prohibida y los sindicatos son ilegales no es fácil, especialmente para sindicalistas y/o periodistas. Pero el mismo Tim Dawson realzó por escrito su impresión al regreso: “No fue fácil para los cataríes escuchar lo que decían los participantes en la conferencia de Doha”.

En 2011 ya escribí de las contradicciones y también de los ataques que recibía Al Jazeera por su carácter abierto. Los cierres de sus sedes en diversos países, los bombardeos y ataques mortales a sus reporteros ya sucedieron en el pasado reciente. De modo que el ultimátum de Arabia Saudí y sus aliados es un paso más en ese proceso de demonización que intenta justificar la demanda de cierre total. Pero Al Jazeera tiene derecho a seguir existiendo y merece la pena que siga siendo así. En ningún caso es aceptable que las disputas geopolíticas y diplomáticas incluyan la exigencia de cierre de esa cadena global. El hecho de que esa demanda coincida en el tiempo con los ataques de Erdogan a los medios críticos turcos, es altamente simbólico.

Así que tenemos que seguir adelante, a pesar de nuestras dudas del momento, para seguir defendiendo la libertad de expresión tanto en el golfo Pérsico (o Arábigo, según otros) como en Occidente. En todo caso, en todo el mundo -pero especialmente en el mundo árabe- Al Jazeera ha sido durante más de una década una gran ventana de aire fresco. A veces contradictoria, pero raramente sesgada en un único sentido.

En un editorial reciente (Muzzling journalism, del 23 de junio de 2017), el diario The Guardian resumía el problema con claridad meridiana: “El ataque contra Al Jazeera forma parte del asalto a la libertad de expresión y trata de doblegar el impacto, tanto de los viejos como de los nuevos medios en el mundo árabe. Debemos condenarlo y resistir”.

Documentos complementarios y enlaces:

• Nota de la FIP (IFJ, en inglés) que contiene las recomendaciones de la Conferencia “Freedom of Expression, Facing up to the Threat”, del 24-25 de julio de 2017 en Doha (Qatar), incluyendo las recomendaciones de derechos laborales.
• Texto de la intervención en Doha (Qatar) de Yolanda Quintana, Secretaria General de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI)
• Artículo del profesor Miguel Álvarez (Universidad de Castilla-La Mancha), que asistió a los debates de Doha
• Análisis de la conferencia de Doha por parte de Tim Dawson (presidente del National Union of Journalists, UK & Ireland)
• Artículo en Middle East Eye titulado ‘Journalists,  NGOs slam Saudi threats to close Al Jazeera‘

Recep Tayyip Erdogan es ya más que un presidente con amplios poderes ejecutivos. Los cientos de miles de seguidores que le aclamaron en torno al puente del Bósforo, ahora rebautizado como el de Los Mártires del 15 de julio, le llamaban Reis (Jefe), Baskomutan (Comandante en Jefe) o simplemente El Gran Hombre.

Con esta multitudinaria conmemoración del aniversario del fallido golpe de Estado, el régimen impulsa un nuevo relato, según el cual Erdogan sería el salvador de una Turquía amenazada por el clérigo Fethullah Gülen y su presunta organización terrorista FETÖ.

Un relato que en España encabezó el embajador turco, Ömer Önhon, para el que “las investigaciones realizadas no dejan el menor resquicio de duda de que el golpe fue realizado por militares gülenistas”, y frenado por el llamamiento a la resistencia del presidente y el arrojo de los que se enfrentaron a los golpistas sin armas. La intentona frustrada dejó 250 muertos y más de dos mil heridos, en cuyo honor se ha rebautizado el más famoso de los puentes de Estambul.

A lo largo de su rueda de prensa el embajador reiteró varias veces que “los culpables serán severamente castigados”. Las cifras de la represión son escalofriantes, y afectan a la práctica totalidad de los principales cuerpos de funcionarios del Estado: Fuerzas Armadas, Poder Judicial, Policía, Universidades y Sanidad especialmente. En total, 150.000 personas expulsadas de sus puestos de trabajo, de los que unos 55.000 han sido sentenciados a penas de cárcel o se hallan aún en prisión preventiva.