Cinco años después de que la UE apostara por la flexiseguridad como fórmula mágica para crear empleo, el concepto se va instalando en las legislaciones de los socios comunitarios tímida o abruptamente. En España, hay quien dice que la reforma laboral aprobada ha introducido la «flexi», pero no la seguridad. En Dinamarca, flexiseguridad es el paradigma del empleo y la competitividad. En la UE, el ejemplo a seguir.
Según la definición que la Comisión Europea hace de flexiseguridad, es una estrategia para modernizar el mercado laboral mediante dos vías que confluyen, la primera sería «la flexibilidad de los trabajadores que deben poder adaptarse a las evoluciones del mercado laboral y conseguir sus transiciones profesionales. Del mismo modo, debe favorecer la flexibilidad de las empresas y la organización del trabajo, con el fin de responder a las necesidades de los empleadores y mejorar la conciliación entre la vida profesional y la vida familiar».
La segunda, es la «seguridad para los trabajadores que deben poder progresar en sus carreras profesionales, desarrollar sus competencias y recibir apoyo de los sistemas de seguridad social durante los periodos de inactividad».
Sobre esa base, la UE recomienda desde 2007 aplicar la flexiseguridad en las estrategias nacionales, en los contratos de trabajo, el aprendizaje, las políticas activas del mercado laboral y la modernización de los sistemas de seguridad social para conceder ayudas que fomenten el empleo y faciliten la movilidad en el mercado laboral. Después la estrategia Europa 2020, que marca los objetivos de una Europa sostenible, verde e integradora para esa fecha, consagró el mismo principio.

La UE buscaba y busca con esa fórmula reducir la segmentación laboral entre fijos y temporales, conseguir cambios de empleo rápidos y permitir que el trabajador pueda disponer de posibilidades de formación permanente. Cuando se optó por recomendar este sistema, la crisis económica solo asomaba y, sin embargo, ya asustó a las organizaciones sindicales. En España, Comisiones Obreras ya apuntaba que la flexiseguridad facilitaba el despido sin que el segundo componente estableciera soluciones precisas.

Publicado en Euroxpress.

Hubo un programa Erasmus para periodistas jóvenes, antes del Erasmus para universitarios que conocemos hoy. También lo subvencionaron - aunque no en su totalidad- las instituciones europeas. De sus creadores, quiero citar a tres grandes del periodismo europeo: Hubert Beuve-Méry (fundador de Le Monde), el periodista británico Gerald Long (de Reuters) y Philippe Viannay (vinculado a los inicios de France-Soir y de Le Nouvel Observateur). Tengo recuerdos vagos de Doménico Bartoli, (de La Nazione y La Stampa), así como de Conan Brady (Irish Times), generacionalmente de trayectoria similar a los anteriores, y que también ayudaron a impulsar el apoyo de los medios europeos a la Fondation Journalistes en Europe. En España, Miguel Angel Bastenier, en nombre de El País.
Ellos impulsaron durante 28 años la Fundación Periodistas en Europa (FJE, según sus siglas en francés), vinculada al Centro de Formación de Periodistas (que sigue teniendo su sede en la calle del Louvre). La idea era ofrecer un año sabático de experiencias europeas a periodistas jóvenes, procedentes de todos los continentes y que ya tuvieran una cierta experiencia profesional.
Durante un curso entero, mientras asistían –entre 20 y una treintena de periodistas- a una serie de seminarios sobre temas diversos, se integraban también en la redacción de la revista trimestral Europ (así, sin la «e»), donde publicaban reportajes largos trabajados y hechos en todo el continente europeo. Los idiomas de trabajo eran el francés y el inglés. En algunos ámbitos, también el alemán, el español muy excepcionalmente. Tuve la suerte de participar en aquella aventura.
Quizá es útil recordar que Hubert Beuve-Méry y Philippe Viannay fueron antes oficiales de la resistencia contra los ocupantes nazis, individuos de izquierdas a continuación, periodistas de referencia más tarde; después de haber flirteado con movimientos parafascistas anteriores a la II Guerra Mundial. Beuve-Méry fue teniente de la FFI (una de las principales organizaciones armadas de la resistencia francesa). Viannay tenía las marcas de siete balas que recibió en los combates de julio de 1944. No fueron resistentes de broma. Tenían una trayectoria similar a la de François Mitterrand.

Este miércoles ha aprobado el Congreso de los Diputados la propuesta no de ley, presentada por el Partido Popular, sobre el acuerdo pesquero UE-Marruecos, con el objetivo de promover de forma urgente ante la Comisión Europea (CE) la renovación del acuerdo con Marruecos.

Ecologistas en Acción, Thawra y PAPPS [1] recuerdan al Gobierno y al resto de grupos parlamentarios que toda la actividad política que se desarrolle en este sentido no debe posicionar los intereses económicos -de las pocas embarcaciones de tipo industrial que se beneficiaban de este acuerdo- por encima de los Derechos Humanos, la soberanía territorial del Sáhara Occidental, las resoluciones de la ONU, y la sostenibilidad ambiental del caladero saharaui. Requisitos que deben estar nítidamente reflejados y regulados correctamente en el acuerdo para impedir cualquier tipo de incumplimiento.

El Acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, bloqueado por el Parlamento Europeo el pasado diciembre, permitía a 101 embarcaciones españolas faenar en aguas de Marruecos, pero también de forma ilegal en las pertenecientes al Sáhara Occidental, donde se localiza uno de los caladeros de pesca más importantes del África Occidental. A su vez, las embarcaciones españolas que han perdido la licencia son todas de tipo de industrial: tienen un gran tamaño (33 metros de longitud media), faenaban a cientos de kilómetros de nuestras costas, y practicaban además un arte de pesca especialmente dañino para el ecosistema marino: la pesca de arrastre, uno de los métodos de pesca más destructivos, a causa de los daños físicos que provoca en el lecho marino y por la gran cantidad de descartes que produce.

Publicado en Euroxpress el 30 de Enero de 2012.

La combinación entre la presión interior al régimen sirio – protestas populares que interactúan con crecientes ataques de grupos armados al Ejército y a las fuerzas de seguridad – y las sanciones internacionales, están empujando a la familia Assad, que gobierna bajo un sistema de dictadura hereditaria desde hace 41 años, hacia un aislamiento cada vez mayor. La inmovilidad del presidente Bashar el-Assad, que se niega de forma brutal a un proceso de reformas que conduzca a la democracia, ha abierto una gravísima brecha de inestabilidad en una zona vital para los intereses de las grandes potencias.

El número y peso de esos actores otorgan a la crisis siria un carácter sustancialmente distinto a lo ocurrido en Libia. Si en el caso de Gaddafi, la Unión Europea –con Francia y Reino Unido a la cabeza- , y la OTAN , dirigieron una rápida intervención para acelerar la caída del dictador, con Siria el método no parece que pueda ser el mismo.

Hasta ahora, Bruselas ha dosificado una política de sanciones económicas que no busca la asfixia del país, - consciente del riesgo de que esa estrategia provocara un rechazo generalizado de la población - , sino presionar a Damasco para que acepte un plan de reformas que le reclama desde hace tiempo. En el terreno político, la Unión Europea, uno de cuyos flancos más débiles, por no decir casi inexistentes, es la política exterior, tampoco está en condiciones de asumir un papel de liderazgo en la crisis siria y, así, prefiere confiar más en las iniciativas de actores regionales como la Liga Árabe o Turquía – que no renuncia a entrar en la UE y, además se exhibe como modelo de estabilidad- , o intervenir en otros foros como el Consejo de Seguridad de la ONU.