La expropiación del paquete accionarial de Repsol en YPF ha vuelto a encender la vieja liturgia peronista de la adoración a la patria y a sus salvadores. Le toca el turno ahora a una líder que aspira a ser eterna, Cristina Fernández de Kirchner, jefa de la nueva camarilla de gatos que gobierna el movimiento peronista y el país.

Esta exhibición de euforia renacionalizadora y soberanista, que ya se vió hace una semanas en las encendidas proclamas a favor de la recuperación de las Malvinas, se basa, más allá de la cortina de la demagogia, en intereses económicos y geopolíticos de primer orden. El zarpazo a Repsol se produce en un momento en el que América Latina se posiciona, cada vez más, como un proveedor clave – actual y futuro - de materias primas, y especialmente de recursos energéticos, a Estados Unidos, la eurozona y, sobre todo, al gigante chino. Este potencial exportador ha aumentado de una manera espectacular los ingresos de los Estados y sus reservas de divisas y, además, ha creado una conciencia política regional de fortaleza creciente en la escena internacional.

La herramienta para construir esta nueva identidad latinoamericana, que se expresa en una especie de maraña de acuerdos de colaboración interregionales, - el llamado «spaghetti bowl»- , está siendo el petróleo, el etanol y el gas. Pero el motor que conduce este proceso es la soberanía energética, es decir, la estatalización de la gestión, que no excluye, sin embargo, la participación de empresas privadas. El caso argentino era, hasta hoy, un caso en cierto modo «anómalo», puesto que era el único país de la zona cuya principal empresa energética estaba controlada por una multinacional, Repsol , que la compró en 1992.

Veinte años después de aquella privatización, la globalización económica ha beneficiado a América Latina porque los paises emergentes, como China e India, locomotoras de la economía mundial, necesitan energía para sus industrias y están dispuestas a pagar los altos precios del mercado. Ciertamente, las condiciones han cambiado, y ya se sabe que un aliado peronista es siempre «impredecible». Menem privatizó todo lo que pudo y más. Lo que entonces se vió como desechable es ahora un botín codiciado que se recupera, incluso, a costa de la ruptura de los pactos entre partes y de las reglas internacionales.

Un informe de la Comisión Europea muestra que, un año después de que la Comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding, hiciera un llamamiento a la adopción de medidas de autorregulación creíbles, no se ha avanzado mucho hacia el objetivo de aumentar el número de mujeres en los consejos de administración de las empresas (véase el MEMO/11/124). Solo uno de cada siete miembros de los consejos de administración de las empresas europeas más importantes es mujer (13,7 %). Ello supone una ligera mejora respecto al 11,8 % de 2010. Sin embargo, a este ritmo llevaría más de 40 años alcanzar un equilibrio significativo entre hombres y mujeres (al menos un 40 % de ambos sexos).

Ha quedado demostrado que la igualdad de género en los puestos superiores contribuye a un mayor rendimiento empresarial, un aumento de la competitividad y la obtención de beneficios económicos. Por ejemplo, en un informe de la empresa de consultoría McKinsey se llegó a la conclusión de que las empresas con igualdad de género tienen unos beneficios de explotación que son un 56 % superiores a los de las empresas en las que solo trabajan hombres. Por su parte, Ernst & Young hizo un estudio sobre las 290 mayores empresas que cotizan en bolsa cuyo resultado fue que los beneficios de las empresas que contaban al menos con una mujer en su consejo de administración eran superiores a los de las empresas en cuyo consejo de administración no había ninguna.

Por Jordi Jaria, publicado originalmente en  Euroxpress

Las elecciones parlamentarias que se celebran este viernes en Irán representan un test para un régimen que lleva con mano de hierro la política interior, a la espera de conocer la participación y los resultados de los candidatos reformistas, y que en el exterior se enfrenta a sanciones internacionales por el programa nuclear e incluso a amenazas de un ataque israelí

Treinta y tres años después del triunfo de la revolución islámica en Irán, el régimen teocrático, que ha convertido al país en una gran potencia política y económica, con enorme influencia sobre Irak, Siria y Líbano, no ha resuelto aún sus dos grandes frentes de inestabilidad. En el interior, crecen las protestas por la falta de libertades en un régimen autoritario que tutela una instancia superior – los clérigos shiíes -, con un sistema de aparente división de poderes reservado a los fieles al poder y que encarcela a los disidentes. El último informe de Amnistía Internacional certifica violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En el exterior, Irán sigue sufriendo el acoso internacional por su programa de enriquecimiento de uranio e incluso la amenaza de un ataque militar israelí.

Los mensajes alarmistas que pronostican ese escenario bélico, en el que – se asegura - Estados Unidos se vería obligado a intervenir, embarullan el análisis de lo que está pasando en la región. Estamos en un recurrente momento de fuerte tensión entre las vías diplomáticas y las militares. Y, también, frente al pulso propagandístico de ambas visiones, que intentan influir en la opinión pública con la profusión de todo tipo de argumentos a favor y en contra de una nueva guerra en Oriente Medio.

Cinco años después de que la UE apostara por la flexiseguridad como fórmula mágica para crear empleo, el concepto se va instalando en las legislaciones de los socios comunitarios tímida o abruptamente. En España, hay quien dice que la reforma laboral aprobada ha introducido la «flexi», pero no la seguridad. En Dinamarca, flexiseguridad es el paradigma del empleo y la competitividad. En la UE, el ejemplo a seguir.
Según la definición que la Comisión Europea hace de flexiseguridad, es una estrategia para modernizar el mercado laboral mediante dos vías que confluyen, la primera sería «la flexibilidad de los trabajadores que deben poder adaptarse a las evoluciones del mercado laboral y conseguir sus transiciones profesionales. Del mismo modo, debe favorecer la flexibilidad de las empresas y la organización del trabajo, con el fin de responder a las necesidades de los empleadores y mejorar la conciliación entre la vida profesional y la vida familiar».
La segunda, es la «seguridad para los trabajadores que deben poder progresar en sus carreras profesionales, desarrollar sus competencias y recibir apoyo de los sistemas de seguridad social durante los periodos de inactividad».
Sobre esa base, la UE recomienda desde 2007 aplicar la flexiseguridad en las estrategias nacionales, en los contratos de trabajo, el aprendizaje, las políticas activas del mercado laboral y la modernización de los sistemas de seguridad social para conceder ayudas que fomenten el empleo y faciliten la movilidad en el mercado laboral. Después la estrategia Europa 2020, que marca los objetivos de una Europa sostenible, verde e integradora para esa fecha, consagró el mismo principio.

La UE buscaba y busca con esa fórmula reducir la segmentación laboral entre fijos y temporales, conseguir cambios de empleo rápidos y permitir que el trabajador pueda disponer de posibilidades de formación permanente. Cuando se optó por recomendar este sistema, la crisis económica solo asomaba y, sin embargo, ya asustó a las organizaciones sindicales. En España, Comisiones Obreras ya apuntaba que la flexiseguridad facilitaba el despido sin que el segundo componente estableciera soluciones precisas.