Baden Würtemberg no es un estado federado alemán más. Es, simplemente, uno de los más ricos. Con 35.000 kilómetros cuadrados y 11 millones de habitantes, su PIB es superior al de toda España. Es una de las grandes regiones industriales del mundo. Es sede, entre otras empresas, de gigantes como Mercedes, Porsche, Bosch, o Hugo Boss. En las idílicas orillas de río Neckar hay pequeñas industrias con tecnología punta que exportan a todo el mundo. Tiene tres de las más importantes universidades alemanas, Friburgo, Heidelberg y Tubinga. En la capital, Stuttgart, por la calle se huele el dinero.

Esta región, al extremo suroeste de Alemania, junto al Rin, es, o más bien era, profundamente conservadora. Ha sido gobernada por la CDU, la democracia cristiana, desde su fundación como Estado federado en 1952 por la fusión de otros tres pequeños estados surgidos de la reorganización del país tras la segunda guerra mundial.

Los resultados de las elecciones del domingo 27 de marzo suponen un cambio radical en la política regional con consecuencias nacionales. No sólo pierde el gobierno la democracia cristiana de la canciller Angela Merkel, hasta ahora en coalición con los liberales, sino que un Estado federado será regido por primera vez por un presidente de los verdes, Winfried  Kretschmann, en coalición con la socialdemocracia. Los verdes saltan del 11 a un impresionante 24% y superan en un punto al SPD. La CDU de Merkel baja del 44% al 39, pero lo más notable es el hundimiento de los socios de coalición en el Estado y en Berlín, los liberales del “inexistente” ministro de exteriores Guido Westerwelle. El FDP pierde la mitad de los votos y apenas supera el listón del 5%, necesario para entrar en el Parlamento.

En 2006, a friend of mine, como se dice en inglés,  recorrió la geografía portuguesa de sur a norte, de este a oeste, y publicó un reportaje titulado Portugal, la crisis, las crisis.

¿De qué hablaba el reportaje? De la situación en aquel momento, del mal estado de la economía  portuguesa, de la destrucción de la industria nacional, de los enormes esfuerzos del gobierno para contener el déficit,  que se había disparado hasta el 10% y del futuro previsible.

El reportaje sentó muy mal en el gobierno del socialista Sócrates. Tanto, que vía diplomática hubo presiones para el cese de mi amigo, que fueron contenidas por su jefe de informativos. Los datos eran duros pero eran reales. Portugal se encontraba en la mitad de una década que a finales de 2010 se consideró perdida, con crecimientos que no llegaron al 1 %.

¿Cuál era la situación, cuál es la situación, al margen de la frías cifras macro?

En el Algarve, en una franja de apenas un kilómetro de anchura se concentra el turismo de Portugal. El resto es baldío.

A lo largo de la frontera con España, la raya, los límites con Badajoz, Salamanca o Zamora, el territorio, duro y pobre, se vacía de población. La natalidad es muy baja, se cierran las escuelas. Es una región agraria empobrecida, dormida en el tiempo, que no cose las costuras económicas con la vecina España.

La población emigra a la costa, a Lisboa u Oporto. Pero incluso los hermosos cascos históricos de estas viejas y señoriales ciudades aparecen abandonados; decenas de edificios están vacíos y heridos por el paso del tiempo. Un inglés que visitaba Lisboa por primera vez preguntaba si había habido una guerra...

Que los ciudadanos puedan impulsar la elaboración de nuevas normas en la UE es sin duda una excelente noticia. En primer lugar, porque el solo hecho de que puedan surgir esas iniciativas ya supone un paso adelante de enorme trascendencia en el camino hacia una opinión pública europea. El reglamento indica que es necesario un comité formado por ciudadanos pertenecientes a siete países europeos para lanzar una propuesta y buscar el respaldo de un millón de firmas; y eso, ya obliga a debatir, compartir y avanzar entre ciudadanos de diversos estados. Y, en segundo lugar, porque está comprobado que los políticos no siempre coinciden con las sensibilidades de la ciudadanía. Bienvenido, pues, ese soplo de aire fresco que unos y otros, de aquí y de allá, podamos insuflar.

Claro que hemos podido asistir a alguna que otra campaña en las que se denunciaba que los controles que el reglamento establece para impedir iniciativas frívolas o vejatorias contribuían a cercenar una iniciativa, de entrada, favorablemente recibida. El circo europeo es variopinto y buena muestra de ello es la propia composición del Parlamento. Parece razonable, pues, que se pueda denegar el registro a las propuestas que sean manifiestamente contrarias a los valores de la Unión.

En cualquier caso no olvidemos que la finalidad de la iniciativa es que el asunto propuesto se incluya en la agenda de trabajo de la Comisión, pero quede claro que sólo está obligada a prestarle atención y a motivar con claridad su respuesta, en caso de que sea negativa. Y acaba la historia: no hay posibilidad de recurso para este análisis político. Esto podría ser interpretado como una puerta abierta para que la Comisión actúe discrecionalmente y pueda eliminar iniciativas políticamente molestas y ha sido una de las denuncias formuladas por gentes que se reclamaban de radicalismo democrático. Y, en parte, no les falta razón. Claro que, para eso, están las instituciones. Y en este caso el Parlamento, mucho más lejos de los estados, de los gobiernos de los estados y, afortunadamente, de la disciplina de los partidos nacionales. El hecho de que los promotores de una iniciativa ciudadana puedan presentarla en audiencia pública en el Parlamento debe tranquilizar en parte esas dudas democráticas.